El Concejal Alberto Zadoyko del Frente Entrerriano Federal solicitó mediante un proyecto de Resolución que el Departamento Ejecutivo Municipal suspenda la Licitación Pública Nº 14/13 de Contratación de Alquiler de Equipos y Servicios Técnicos para Detección y Registración de Infracciones de Tránsito de Vehículos y de otros orígenes en los que la Municipalidad de Concordia ejerza el poder de policía en forma originaria o delegada.
El Concejal solicita se remita el Expediente al Concejo por entender que antes de su publicación y adjudicación, el Intendente debe tener la aprobación de los 2/3 de los Concejales por tratarse de la delegación del poder de policía al dejar en manos de una empresa privada la detección y cobro de las infracciones de tránsito y el sistema de estacionamiento medido.
Zadoyko entiende que el proceso de adjudicación no puede ser válido sin un debate previo y una ordenanza que lo avale.
El Frente Entrerriano Federal de Concordia dio a conocer que por información suministrada por el mismo municipio las dos empresas que se han presentado a la licitación son ControlTrans SA y Estrategic Group de Alejandro José Abeliansky. La Corte Suprema del Paraguay lo declaró ilegal y además carga con dos denuncias penales, en las que se derivaron investigaciones y denuncias a los municipios de Calchaquí y Carcarañá en la Provincia de Santa Fe, en los cuales operaba la empresa en conjunto con Contactar Telecenter SA, que era operada por una socia de Abeliansky, Virginia Guala. El Intendente de Estación General Paz – Córdoba y Abeliansky fueron imputados por asociación ilícita, proceso que permitió que los afectados puedan gestionar la devolución de las multas pagadas. Otra empresa relacionada sería Seltran S.A y quien está en la mira respondiendo como apoderado también es Alejandro Abeliansky, quien monta las cámaras en los municipios y se encarga de la gestión de cobro.
“Ante las dudas que estas denuncias plantean, debemos transparentar todo el proceso y suspender la licitación, considerando además que se estaría incumpliendo la ley de Municipios”, expreso el Concejal Zadoyko quien además precisó que “…se asemeja mucho a la privatización del servicio de cobro de la tasa general inmobiliaria que en su momento hizo el Ing. Orduna con los perjuicios económicos que ello causó a la administración municipal por lo que mi partido entiende es necesario hacer pública la información con la que contamos…”.
“…Se está privatizando, tercerizando no sólo el cobro sino la detección de las multas de tránsito. De acuerdo a las declaraciones del Intendente Bordet en marzo de 2013 no tiene costo para el municipio pero en realidad si lo tiene porque al delegar el cobro, la empresa se queda con un porcentaje que en contratos similares, ronda el 30%, por lo cual la Intendencia pierde ese porcentaje del total de los cobros…”
A continuación material informativo de los diferentes medios gráficos
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POR LAS FOTOMULTAS DE CALCHAQUÍ
El Defensor del Pueblo destacó la labor del juez y fiscal de Vera
El Dr. Edgardo Bistoletti hizo un balance de las denuncias promovidas por la Defensoría durante este año, a raíz del funcionamiento presuntamente irregular de radares de tránsito en Calchaquí y Carcarañá.
“No conozco al juez ni al fiscal de la causa, pero realmente han trabajado muy bien”, dijo el Defensor del Pueblo. Foto: Archivo El Litoral
Juliano Salierno
jsalierno@ellitoral.com
Este año, la Defensoría del Pueblo de Santa Fe tomó cartas en el asunto ante las presuntas irregularidades de las que son víctimas los ciudadanos, por el cobro de multas por el sistema de radares o fotomultas en las rutas que atraviesan el territorio provincial.
Dos denuncias penales impulsadas contra los municipios de Calchaquí, en el norte, y Carcarañá, en el sur, derivaron en investigaciones, que con distintos resultados, acrecentaron la preocupación por el tema.
Como consecuencia del trabajo realizado desde el órgano encargado de bregar por los derechos ciudadanos, el Defensor Edgardo Bistoletti realizó un balance de lo acontecido, al tiempo que se mostró preocupado por el negocio dejado al descubierto, y felicitó a las autoridades judiciales de Vera por su puntillosa labor.
“Son dos denuncias” ratificó Bistoletti. “Comenzamos con la de Calchaquí porque llegaron un montón de denuncias de la zona norte” y de otros puntos del país, por infracciones labradas en el ejido urbano por Ruta 11. Los trabajos tuvieron por resultado “un expediente bastante voluminoso” con permanentes consultas “a la Agencia Provincial de Seguridad Vial”, se explayó.
Con su experiencia de magistrado como lastre -fue juez correccional en Rosario-, Bistoletti se encargó de decir que por el momento “surgen presuntas irregularidades” que “supuestamente podrían constituir delitos perseguibles de acción pública”. A causa de eso “hicimos una resolución, acompañamos las copias del expediente que teníamos nosotros y se las enviamos al fiscal de Vera -Gustavo Gon-, al fiscal de Cámara -José A. Mántaras- y al procurador de la Corte -Agustín Bassó-”.
“La parte del león”
“No conozco al juez ni al fiscal de la causa, no sé quienes son, pero realmente han trabajado muy bien”, destacó Bistoletti. “Como Defensor del Pueblo me siento orgulloso de tener una Justicia que haya trabajado de esta forma. Se tomaron indagatorias y ahora está en proceso judicial y por lo tanto debemos
apartarnos porque no podemos intervenir. Entiendo que se ha trabajado excelentemente bien y que se sigue trabajando”, dijo.
Al momento de realizada la entrevista, el Juzgado de Instrucción de Vera se encontraba vacante, puesto que al juez Silva se le había vencido la subrogancia y todavía no había asumido el Dr. Ireneo Berzano. Por eso, consultado sobre su preocupación al respecto, el Defensor reconoció que “es una investigación muy importante de mucha trascendencia. Se está hablando de una cantidad de dinero que a veces asusta, de millones de pesos e incluso de millones de dólares. Se está hablando incluso que hay organizaciones de Buenos Aires que serían los beneficiarios de la parte del león de todos esto, es decir de un 70%, mientras que el 30% restante quedaría en el lugar, no precisamente en la provincia”.
No obstante aclaró no saber “qué ingresos tiene ese dinero en Calchaquí, eso es parte de la investigación. Ojalá la persona que esté designada ahí trabaje tan bien como el juez de la causa, Octavio Silva, que lo debo felicitar a él y al fiscal Gustavo Gon”, reiteró.
En Carcarañá
La denuncia de julio de este año en Vera “trajo como consecuencia un caso similar en Carcarañá, que es una localidad cercana a Rosario. Lo de Carcarañá es parecido, no igual y también habría gente de Buenos Aires que podría formar distintas sociedades vinculadas”, remarcó Bistoletti.
“Las multas de Carcarañá pertenecen a un período anterior, cuando yo no estaba como Defensor del Pueblo”, recordó el ombudsman santafesino.
“Aunque las multas son de períodos anteriores y no actuales como las de Calchaquí, en este caso también notificamos al procurador Bassó y al fiscal de Cámara de Rosario” y el caso quedó a cargo del juzgado de Cañada de Gómez.
“Que no pague”
Consultado sobre el aval o apoyo político de las empresas que articulan con los municipios y comunas para el cobro de las multas, el Defensor se limitó a dejar planteadas sus sospechas. “Creo que esto podría tener algún tipo de conexión y paradójicamente la parte organizativa de todo esto viene de Buenos Aires. No sé cuál es la conexión y cómo llegó a estructurarse todo esto para acercarse a las distintas localidades para ‘venderle’ este negocio”, destacó.
Y avanzó diciendo que “si usted se fija en la página de la Defensoría -www.defensorsantafe.gov.ar- hay un ítem referido a la Seguridad Vial, donde figuran los radares habilitados, y para qué están habilitados y son muy pocos realmente. Todos los demás no están habilitados y le digo a la gente que no lo pague”.
Cuenta millonaria en Calchaquí
Antes de dejar su cargo como juez subrogante en Vera, Luis Octavio Silva hizo un balance de la investigación en curso por las presuntas irregularidades en el sistema de fotomultas que funcionó entre 2008 y mediados de 2011 en Calchaquí.
El magistrado detectó una cuenta corriente en Banco Nación, a nombre de la firma Contactar Telecenter SA de la que se extrajeron desde septiembre del 2008 a agosto del 2011 la suma de $ 4.906.000, cifra que al parecer correspondería a la recaudación por multas.
La causa, por el presunto cobro ilegal de fotomultas en esa jurisdicción, tiene como imputados al intendente de Calchaquí, Rubén Cuello; el secretario Institucional del municipio, Fabricio Ocampo; el secretario del Juzgado de Faltas, Sergio Catán; el juez de Faltas de Calchaquí, Manuel Valiente; una empleada del Juzgado de Faltas; cuatro inspectores de tránsito y tres particulares que representan a las empresas concesionarias del servicio.
La denuncia radicada a mitad de año por el Defensor del Pueblo, Edgardo Bistoletti, abona la hipótesis de “la presunta ilegalidad de numerosas infracciones de tránsito relevadas mediante dispositivos automáticos
de control vial asociados al semáforo instalado en la intersección de la Ruta Nac. Nº 11 y Bv. Belgrano de Calchaquí, sancionadas con multas y recaudadas por la Municipalidad y/o por el Juzgado de Faltas”.
Allanamiento en Carcarañá
Una intimación de pago recibida en septiembre en la Defensoría del Pueblo, por una infracción cometida por un vehículo oficial el 10 de noviembre de 2008, generó la reacción del titular del organismo. El Dr. Edgardo Bistoletti denunció penalmente las presuntas irregularidades puestas de manifiesto en la notificación, como por ejemplo, que el domicilio legal de pago de la multa haya estado en Capital Federal y que el dinero deba depositarse en una cuenta del Banco Nación cuyo destinatario directo no era el municipio.
A mediados de noviembre último, el juez de Instrucción de Cañada de Gómez, Rodolfo Sbala -actualmente juez en Rosario- ordenó allanar la Municipalidad de Carcarañá, a través de la Tropa de Operaciones Especiales.
De la documental recibida hasta ahora surge que la Agencia Provincial Seguridad Vial hizo una auditoría a mediados de 2008 para verificar si los radares estaban autorizados o no; y un año más tarde -abril de 2009- le recomendó al municipio para suspender el funcionamiento.
El mes pasado, el fiscal de Cañada de Gómez, Ángel Granato, participó de la verificación para comprobar la existencia o no de un radar en la intersección de la ruta 9 y la calle Santa Joaquina, de Carcarañá. Además, se secuestraron actas de multas registradas en el Tribunal de Faltas de esa localidad, desde abril de 2009, a noviembre de 2011, fecha en que se emprende la investigación.
También en Emilia.
Dos empresas, Estrategic Group SA y Distribuidora Sertran SA, a cargo de Alejandro José Abeliansky y Virginia Mónica Guala, también estarían relacionadas al radar que funcionaba en la localidad de Emilia, a la altura del km 523,5 de la Ruta 11. Atento a los resultados en un allanamiento a un estudio jurídico de Santa Fe, el juez de Vera envió un oficio a los tribunales santafesinos para que se investigue. La causa, impulsada por el fiscal Nº 6, Rubén Díaz, el 4 de octubre, está radicada en el Juzgado de Instrucción Sexta de Sergio Carraro, y las medidas solicitadas por el fiscal se encuentran en curso.
Fotomultas:
La Justicia le hará una radiografía a la empresa
La documentación secuestrada en Buenos Aires indicaría que la compañía
dueña de las cámaras “cazabobos” es ficticia. La semana que viene, la
investigación se extendería al resto de los municipios.
12/06/2010 00:05
La causa judicial por el cobro de fotomultas en la comuna de Estación
General Paz, al norte de esta ciudad por la ruta 9, se extendería hacia los
otros municipios que utilizan el sistema. Según trascendió de fuentes de la
investigación, la próxima semana, una vez que la documentación secuestrada en
Buenos Aires llegue a manos del fiscal Carlos Matheu, éste informará a sus
colegas a los fines de que se amplíen las acciones judiciales.
Todo indica que es la empresa Sertran –la que presta el “servicio” de multas
y el cobro extrajudicial y judicial de las mismas a Estación General Paz– tiene
el monopolio de las fotomultas en el interior cordobés.
En Buenos Aires, los efectivos de la División de Delitos Económicos
allanaron dos estudios jurídico-contable: en Viamonte al 1300 y en Rojas al
1200. Aunque la empresa fijó ambos domicilios como propios, allí sólo atienden
abogados y contadores. “Se trata de una empresa ficticia que monta la
estructura de las cámaras y luego se encarga de toda la gestión de cobro: un negocio
varias veces millonarios”, indicó uno de los investigadores de Delitos
Económicos, quien, para no ser apartado de la causa, pidió no ser citado.
En el caso de General Paz, Sertran se llevaría el 70 por ciento de lo
recaudado por las fotomultas, enviándole a la pequeña comuna la comisión del 30
por ciento restante. “El dinero es ganancia neta para el municipio, que cobra
sin hacer nada ni poner un peso”, graficó el informante.
El lunes, Matheu analizará toda la documentación secuestrada en los
municipios de General Paz y Salsipuedes y en los estudios porteños. Recién ahí
decidiría las imputaciones. De todos modos, la mira está puesta en el dueño de
Sertran: Alejandro Abeliansky.
El prestador privado
Sertran S.A. Tiene radares en Córdoba, Corrientes, Buenos Aires, Santa Fe, Misiones, Jujuy, y la República de Paraguay.
Web. En www.sertran.com.ar aparece un teléfono; en la guía, otro. En ambos lugares funcionan estudios jurídicos y contables.
Sertran S.A. Tiene radares en Córdoba, Corrientes, Buenos Aires, Santa Fe, Misiones, Jujuy, y la República de Paraguay.
Web. En www.sertran.com.ar aparece un teléfono; en la guía, otro. En ambos lugares funcionan estudios jurídicos y contables.
La empresa Sertran
es investigada en varias provincias por las fotomultas
La Justicia tiene en la mira a Alejandro Abeliansky,
apoderado de la firma que monta las cámaras en los municipios y se encarga de
la gestión de cobro. La Corte Suprema del Paraguay la declaró ilegal
Jueves 29 de noviembre de 2012 |
Ilegales. | Las
Radares, la trampa
perfecta. Así tituló el diario El Territorio el informe central del último
domingo referido a la multa fotográfica emplazada en Corrientes. Al trascender
la información, lectores de este matutino detallaron que la misma empresa,
venía operando en otras provincias. De esta manera pudo saberse que en la
mayoría de los casos, la firma, estaba siendo investigada por la Justicia.
Los convenios de locación de servicios con las comunas los firmaba el apoderado de Sertran, Alejandro José Abeliansky. Este establecía que el 70 por ciento de lo recaudado quedaba al empresario y el 30 por ciento restante era para el municipio. De esta manera, se procedió a la instalación de radares en Córdoba, Corrientes, Buenos Aires, Santa Fe, Misiones, Jujuy, y la República del Paraguay. En este último país, la Corte Suprema de Justicia declaró ilegal el servicio prestado durante cuatro años (Ver: En Paraguay).
En el municipio santafesino de Calchaquí, la presencia de estos radares se planteó como un presunto interés “desnudadamente delictivo” de parte de la empresa y quedó imputado el jefe comunal.
Sertran nació en la Argentina ofreciendo el servicio de controlar el tránsito para disminuir los accidentes. Poco tiempo después comenzó a ser cuestionada por la aplicación de multas.
Esto abrió una carpeta de investigación que llevó a comprobar que se creaban infracciones para cobrar exacciones ilegales. Los datos y evidencias llevaron a la Justicia a descubrir el cobro ilegal de infracciones a través de las fotomultas.
A raíz de ellos, Abeliansky, dueño de Sertran Argentina, es investigado en varias provincias, como ocurrió en Estación General Paz (Córdoba), donde junto al intendente Carlos Borgobello, fueron imputados por asociación ilícita, proceso que permitió que los afectados puedan gestionar la devolución de las multas pagadas.
“Desnudadamente delictivo”
En Calchaquí, municipio del Departamento Vera en la provincia de Santa Fe, uno de los imputados, además de Abeliansky, en el marco de la causa por el presunto cobro ilegal de fotomultas, es el intendente Rubén Cuello. Estiman que fueron aplicadas más de 300.000 multas, cuyos valores iban de los 1.500 a los 2.000 pesos, confeccionadas desde febrero de 2008, cuando comenzó a operar, hasta mediados de 2011, cuando fue dado de baja. Según publicó el diario El Litoral de Santa Fe, en la citada comuna detectaron “una cuenta millonaria por las fotomultas de Calchaquí”.
Detalló que se retiraron 4.906.000 pesos en casi tres años. Allí la Justicia descartó el “afán recaudatorio fiscal” del municipio, y postuló un presunto interés “desnudadamente delictivo”. Según pudo constatar, el sistema funcionó “organizada y continuamente desde el 2008 hasta entrado el 2011”.
Según el citado matutino, el más llamativo de todos es el hallazgo de una cuenta corriente en Banco Nación, a nombre de la firma Contactar Telecenter SA, de la que se extrajeron desde septiembre del 2008 a agosto del 2011 la suma de $ 4.906.000 con “destino incierto”.
La citada firma era operada por Virginia Mónica Guala. La misma persona representa a Extrategic Group SA, la empresa gerenciadora y operadora del sistema junto con Distribuidora Sertran SA, de Alejandro José Abeliansky, este último, socio de Guala.
Luis Octavio Silva, juez de Primera Instancia del Distrito en lo Penal, con asiento en la ciudad de Santa Fe, alertó sobre “una supuesta asociación ilícita u organización mafiosa, imbricada con el aparato del municipio”.
Un dato no menor es la “selección arbitraria y discriminatoria, orientada y direccionada a multar, exclusivamente al universo de usuarios foráneos o nacionales restantes que transitan por el segmento de la ruta nacional Nº 11 que atraviesa esa ciudad” y une Santa Fe, Chaco y Formosa.
En Córdoba
En la provincia de Córdoba el fiscal de la Cámara de Acusación, Jorge Leiva, dispuso que la causa judicial iniciada por el cobro de fotomultas en la comuna de Estación General Paz sea investigada por el fiscal en lo Penal Económico y Anticorrupción, Gustavo Hidalgo. Esta decisión representa el agravamiento de los delitos a investigar, ya que incluirá el de asociación ilícita.
El caso fue iniciado de oficio por el fiscal del distrito 3 de Córdoba, Carlos Matheu, quien a principios de junio (de 2010) allanó esa comuna y secuestró cámaras y otros elementos para detectar infracciones sobre la ruta 9 norte, a su paso por esa localidad.
También allanó el Juzgado de Faltas de la vecina Salsipuedes, donde se labraban las actas, y las oficinas de la citada empresa en Buenos Aires. Allí, los efectivos de la División de Delitos Económicos allanaron dos estudios jurídico-contable: en Viamonte al 1300 y en Roja al 1200. Aunque Setran fijó ambos domicilios como propios, allí sólo atendían abogados y contadores.
“Se trata de una empresa ficticia que monta la estructura de las cámaras y luego se encarga de toda la gestión de cobro: un negocio varias veces millonarios”, indicó uno de los investigadores de Delitos Económicos.
El informe
El domingo El Territorio mencionaba la cantidad de radares ilegales existentes en el tramo de la ruta nacional 14, a 240 kilómetros de Posadas. Se detallaban la existencia de aparatos fijos o móviles colocados en los municipios correntinos de Alvear, La Cruz, Bonpland, Paraje Parada Pucheta y Mocoretá. En todos los casos, el prestador privado era Sertran Sociedad Anónima que operaba mediante convenio con cada una de estas comunas.
En el país, como se destacó en el informe, estos radares no están avalados por la Dirección Nacional de Vialidad, el organismo que tiene competencia sobre las rutas nacionales del país. Vialidad aconseja no pagar las multas por ser ilegales e invita, a los conductores a defenderse de este negocio. El principal argumento de los intendentes de Alvear, La Cruz y Bonplan, es que se busca hacer prevención, bajar la cantidad de accidentes sobre la ruta que pasa frente a sus pueblos, y que la empresa con la que firmaron los convenios tiene autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. El juez de Faltas de La Cruz, Sergio Luis Bereciartua, quien debe impartir justicia y juzgar a los infractores, reconoció que cuando se firmó el convenio con la empresa, uno de los requisitos era que “tenía que entregar su firma escaneada y ellos armaban los fallos, yo nunca hice una sentencia”, aseguró.
En Paraguay intendentes comprometidos
PARAGUAY. Cuatro intendentes se exponen a la cárcel en el negocio con Sertran. Es lo que publicó el diario La Nación del Paraguay, el pasado 30 de abril de 2012.
El citado matutino detalla que el intendente de Ypacaraí, Raúl Fernando Negrete; de Ñemby, Héctor Lucio Lesme; de Hernandarias, Carmen Álvarez; y el actual jefe comunal de Coronel Oviedo, Jorge Morales, se exponen a la cárcel si se resisten a devolver el dinero de las fotomultas a los 200 ciudadanos que solicitaron la devolución del cobro irregular de las multas, en caso de que así resuelva el Tribunal de Cuentas.
La Corte Suprema de Justicia, luego de dos años decidió el 23 de abril de este año, declarar como ilegal las fotomultas aplicadas por la firma Sertran que hasta ese entonces llevaba cuatro años de funcionamiento en el país.
Tras conocerse el fallo, varios sectores se movilizaron para accionar contra los municipios a fin de exigir la devolución de todo el dinero desembolsado en concepto de multas.
Los convenios de locación de servicios con las comunas los firmaba el apoderado de Sertran, Alejandro José Abeliansky. Este establecía que el 70 por ciento de lo recaudado quedaba al empresario y el 30 por ciento restante era para el municipio. De esta manera, se procedió a la instalación de radares en Córdoba, Corrientes, Buenos Aires, Santa Fe, Misiones, Jujuy, y la República del Paraguay. En este último país, la Corte Suprema de Justicia declaró ilegal el servicio prestado durante cuatro años (Ver: En Paraguay).
En el municipio santafesino de Calchaquí, la presencia de estos radares se planteó como un presunto interés “desnudadamente delictivo” de parte de la empresa y quedó imputado el jefe comunal.
Sertran nació en la Argentina ofreciendo el servicio de controlar el tránsito para disminuir los accidentes. Poco tiempo después comenzó a ser cuestionada por la aplicación de multas.
Esto abrió una carpeta de investigación que llevó a comprobar que se creaban infracciones para cobrar exacciones ilegales. Los datos y evidencias llevaron a la Justicia a descubrir el cobro ilegal de infracciones a través de las fotomultas.
A raíz de ellos, Abeliansky, dueño de Sertran Argentina, es investigado en varias provincias, como ocurrió en Estación General Paz (Córdoba), donde junto al intendente Carlos Borgobello, fueron imputados por asociación ilícita, proceso que permitió que los afectados puedan gestionar la devolución de las multas pagadas.
“Desnudadamente delictivo”
En Calchaquí, municipio del Departamento Vera en la provincia de Santa Fe, uno de los imputados, además de Abeliansky, en el marco de la causa por el presunto cobro ilegal de fotomultas, es el intendente Rubén Cuello. Estiman que fueron aplicadas más de 300.000 multas, cuyos valores iban de los 1.500 a los 2.000 pesos, confeccionadas desde febrero de 2008, cuando comenzó a operar, hasta mediados de 2011, cuando fue dado de baja. Según publicó el diario El Litoral de Santa Fe, en la citada comuna detectaron “una cuenta millonaria por las fotomultas de Calchaquí”.
Detalló que se retiraron 4.906.000 pesos en casi tres años. Allí la Justicia descartó el “afán recaudatorio fiscal” del municipio, y postuló un presunto interés “desnudadamente delictivo”. Según pudo constatar, el sistema funcionó “organizada y continuamente desde el 2008 hasta entrado el 2011”.
Según el citado matutino, el más llamativo de todos es el hallazgo de una cuenta corriente en Banco Nación, a nombre de la firma Contactar Telecenter SA, de la que se extrajeron desde septiembre del 2008 a agosto del 2011 la suma de $ 4.906.000 con “destino incierto”.
La citada firma era operada por Virginia Mónica Guala. La misma persona representa a Extrategic Group SA, la empresa gerenciadora y operadora del sistema junto con Distribuidora Sertran SA, de Alejandro José Abeliansky, este último, socio de Guala.
Luis Octavio Silva, juez de Primera Instancia del Distrito en lo Penal, con asiento en la ciudad de Santa Fe, alertó sobre “una supuesta asociación ilícita u organización mafiosa, imbricada con el aparato del municipio”.
Un dato no menor es la “selección arbitraria y discriminatoria, orientada y direccionada a multar, exclusivamente al universo de usuarios foráneos o nacionales restantes que transitan por el segmento de la ruta nacional Nº 11 que atraviesa esa ciudad” y une Santa Fe, Chaco y Formosa.
En Córdoba
En la provincia de Córdoba el fiscal de la Cámara de Acusación, Jorge Leiva, dispuso que la causa judicial iniciada por el cobro de fotomultas en la comuna de Estación General Paz sea investigada por el fiscal en lo Penal Económico y Anticorrupción, Gustavo Hidalgo. Esta decisión representa el agravamiento de los delitos a investigar, ya que incluirá el de asociación ilícita.
El caso fue iniciado de oficio por el fiscal del distrito 3 de Córdoba, Carlos Matheu, quien a principios de junio (de 2010) allanó esa comuna y secuestró cámaras y otros elementos para detectar infracciones sobre la ruta 9 norte, a su paso por esa localidad.
También allanó el Juzgado de Faltas de la vecina Salsipuedes, donde se labraban las actas, y las oficinas de la citada empresa en Buenos Aires. Allí, los efectivos de la División de Delitos Económicos allanaron dos estudios jurídico-contable: en Viamonte al 1300 y en Roja al 1200. Aunque Setran fijó ambos domicilios como propios, allí sólo atendían abogados y contadores.
“Se trata de una empresa ficticia que monta la estructura de las cámaras y luego se encarga de toda la gestión de cobro: un negocio varias veces millonarios”, indicó uno de los investigadores de Delitos Económicos.
El informe
El domingo El Territorio mencionaba la cantidad de radares ilegales existentes en el tramo de la ruta nacional 14, a 240 kilómetros de Posadas. Se detallaban la existencia de aparatos fijos o móviles colocados en los municipios correntinos de Alvear, La Cruz, Bonpland, Paraje Parada Pucheta y Mocoretá. En todos los casos, el prestador privado era Sertran Sociedad Anónima que operaba mediante convenio con cada una de estas comunas.
En el país, como se destacó en el informe, estos radares no están avalados por la Dirección Nacional de Vialidad, el organismo que tiene competencia sobre las rutas nacionales del país. Vialidad aconseja no pagar las multas por ser ilegales e invita, a los conductores a defenderse de este negocio. El principal argumento de los intendentes de Alvear, La Cruz y Bonplan, es que se busca hacer prevención, bajar la cantidad de accidentes sobre la ruta que pasa frente a sus pueblos, y que la empresa con la que firmaron los convenios tiene autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. El juez de Faltas de La Cruz, Sergio Luis Bereciartua, quien debe impartir justicia y juzgar a los infractores, reconoció que cuando se firmó el convenio con la empresa, uno de los requisitos era que “tenía que entregar su firma escaneada y ellos armaban los fallos, yo nunca hice una sentencia”, aseguró.
En Paraguay intendentes comprometidos
PARAGUAY. Cuatro intendentes se exponen a la cárcel en el negocio con Sertran. Es lo que publicó el diario La Nación del Paraguay, el pasado 30 de abril de 2012.
El citado matutino detalla que el intendente de Ypacaraí, Raúl Fernando Negrete; de Ñemby, Héctor Lucio Lesme; de Hernandarias, Carmen Álvarez; y el actual jefe comunal de Coronel Oviedo, Jorge Morales, se exponen a la cárcel si se resisten a devolver el dinero de las fotomultas a los 200 ciudadanos que solicitaron la devolución del cobro irregular de las multas, en caso de que así resuelva el Tribunal de Cuentas.
La Corte Suprema de Justicia, luego de dos años decidió el 23 de abril de este año, declarar como ilegal las fotomultas aplicadas por la firma Sertran que hasta ese entonces llevaba cuatro años de funcionamiento en el país.
Tras conocerse el fallo, varios sectores se movilizaron para accionar contra los municipios a fin de exigir la devolución de todo el dinero desembolsado en concepto de multas.
